Por Javier Valdivieso, socio AVC Partners.
José Antonio Kast y Gabriel Boric se perfilan como los candidatos presidenciales con mejores resultados electorales. Es entonces, de suma importancia analizar las propuestas en materia tributaria que cada uno de ellos establece como base de su programa fiscal.
La política tributaria tiene un rol fundamental en la sociedad, constituyendo la principal fuente de financiamiento para el aparato estatal. Su dirección e implementación, tiene impacto en diversas aristas económicas y sociales, incidiendo directamente en la redistribución de un país.
Ambos candidatos presidenciales, orientan su política impositiva bajo un prisma totalmente disímil y opuesto entre sí.
El candidato Republicano contempla una agenda de reactivación económica y de crecimiento, buscando redirigir su política tributaria bajo 3 lineamientos. El primero, reintegrar plenamente el sistema tributario, buscando que los contribuyentes finales descuenten el 100% del impuesto pagado por sus empresas relacionadas. Segundo, la reducción y eliminación de ciertos impuestos, (reducción del impuesto de 1° categoría, impuesto cero a pymes -ventas anuales menores a 25.000 UF-, reinversión de utilidades no tributables, rebaja de IVA a 17% y la eliminación de ciertos impuestos, (territorial, herencias, donaciones y operaciones de crédito, entre otras). Tercero, un incipiente crecimiento económico, fundado en un Estado de Derecho sólido y un marco normativo estable.
Para el candidato referido, la integración de estas propuestas formulará un “ciclo virtuoso” en materia macroeconómica, permitiendo hacer frente a las necesidades del país en materia fiscal.
Por su parte, el presidenciable de Apruebo Dignidad dirige su política tributaria basándose en un incremento de la recaudación fiscal actual en 8 puntos porcentuales del PIB, en un plazo de 8 años. Lo anterior con el objeto de “enfrentar los desafíos sociales, medioambientales y productivos” que vive el país.
A diferencia del candidato del Partido Republicano, Boric busca desintegrar el sistema impositivo, separando la tributación de las empresas y la de sus dueños, exigiendo un “esfuerzo adicional para los contribuyentes de ingresos y patrimonios más altos”. A su vez, establece como pilares de recaudación adicional, la eliminación de exenciones (ganancias de capital, IVA en la construcción y otros beneficios para DFL2), un nuevo Royalty Minero, el desarrollo de impuestos verdes que desincentiven encadenamientos productivos y la reducción de la evasión tributaria.
De una rápida lectura a la estrategia de ambos presidenciables, se evidencia una indudable polaridad tributaria en sus propuestas: mientras que el candidato republicano plantea una reducción sustantiva de impuestos, el candidato de Apruebo Dignidad busca incrementar de forma sostenida la base impositiva.
En este sentido, ambas propuestas programáticas no han estado exentas de críticas. Chile se encuentra atravesando una inestable situación económica y social, lo cual ha aumentado la deuda fiscal, y con un eventual incremento de garantías sociales eventualmente impulsadas por la Convención Constitucional, supondría la necesidad de un financiamiento adicional. Es en este marco, que diversos actores han manifestado su escepticismo a la propuesta republicana, toda vez que “no parecería razonable, dada la situación del país, reducir los impuestos”.
Otros, aluden al Derecho Comparado para desvirtuar las propuestas del presidencial de Apruebo Dignidad, argumentando que no existen experiencias internacionales que reflejen trayectorias institucionales exitosas con aumentos tan sustanciales como el planteado por el candidato.
En suma, pareciera a juicio del suscrito, que ambas propuestas configuran una imagen social y económica del país marcada por la ideología política de sus respectivos candidatos y erosionadas por los acontecimientos experimentados en los últimos años. Su éxito, entonces, depende de factores económicos imprevisibles a la fecha y por lo tanto, son de carácter cortoplacista, lo que evidentemente constituye un problema para la estabilidad y permanencia de un sistema tributario para los próximos años.
* Francisco Javier Valdivieso Cifuentes es Socio AVC Partners, especializado en derecho corporativo y negocios.