Por Javier Valdivieso, Socio AVC Partners.
Tras varios meses de discusión y con grandes dificultades legislativas, este martes pasado el proyecto del cuarto retiro de los fondos provisionales cursó su proceso ante la comisión mixta, cuyo informe finalmente, tendrá que ser votado ante los hemiciclos de ambas cámaras parlamentarias y contar con un quórum de 3/5, para su aprobación.
Como cabe recordar, con fecha 28 de septiembre de este año, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto en comento con 94 votos a favor, 39 en contra y 9 abstenciones. En contraposición, el pasado 9 de noviembre, el Senado rechazó la moción por un voto, lo que llevó al proyecto a su tercera etapa legislativa ante la comisión mixta, con el objeto de realizar indicaciones a su texto y así sortear las diferentes temáticas de oposición al mismo.
Con 18 indicaciones presentadas, la comisión de diputados y senadores buscó resolver las principales preocupaciones del proyecto de ley y acercar posiciones en el oficialismo parlamentario. Así lo señaló el Senador Pedro Araya, presidente de la comisión, quién comentó: “El paquete de indicaciones que se presentó va desde suprimir las rentas vitalicias hasta aprobar lo que en su minuto aprobó la Cámara de Diputados y rechazó el Senado, modificando algunos aspectos respecto de cómo las personas que tienen rentas vitalicias podrían realizar sus retiros”. A vez, se discutieron otros aspectos relevantes, entre otros; la tributación del Retiro y su carga impositiva, pensiones de alimentos, el retiro total de los fondos para enfermedades terminales, el pago parcelado en cuotas y la posibilidad de establecer un “candado” a futuros y eventuales nuevos retiros.
En lo sustantivo, con 6 votos a favor y 4 en contra, la Comisión aprobó el informe final con las siguientes indicaciones de carácter esencial:
A. El pago de los retiros en 2 cuotas para quienes estén facultados a retirar más de 35 UF, cuotas que se pagarán en un plazo de 15 días y 45 días respectivamente. (menos de 35 UF se pagará en una cuota en un plazo de 15 días corridos desde que hacen la solicitud.
B. La ausencia de carga impositiva del retiro, no constituyendo renta.
C. Enfermedades catastróficas y/o terminales: en virtud de la cual se mantuvo la posibilidad de retirar el total de sus fondos de pensión con un tope de 1.350 UF, no sujeto a impuestos o retenciones.
D. La permanencia del proyecto original en lo que respecta a las pensiones de alimentos, lo que se traduce en la facultad para solicitar el retiro de los fondos hasta extinguir la totalidad de la deuda alimenticia, en los casos procedentes.
E. En lo que respecta a las rentas vitalicias; materia que probablemente más ha preocupado a los opositores del proyecto y que se justifica con las externalidades de carácter macroeconómicas y políticas que acarrean dichos retiros, es donde sí hubo un cambio sustantivo al proyecto. En efecto, el informe final sostiene que los pensionados están facultados para requerir hasta el 10% de su “reserva técnica”, hasta un tope ascendente a 100 UF. Dicho adelanto, se realizaría en caso de ser aprobada la ley, mediante un anticipo de carácter fiscal, bajo la condición que éste sería devuelto en arcas fiscales, a través de una reducción del 5% de la pensión a contar del año 2023, por lo que las aseguradoras tendrían la obligación de retener ese porcentaje y restituir al Estado en la fecha indicada.
Ante la indecisión e incerteza en la votación legislativa, el poder ejecutivo ha dado urgencia a la tramitación, otorgándole discusión inmediata al proyecto de ley; por lo que se entiende que ambas cámaras tendrán aproximadamente 2 días para evacuar su aprobación o rechazo.
Es en este contexto, que la decisión del Gobierno se aprecia para algunos sectores de oposición como una estrategia para asegurar que el proyecto de ley no prospere, ya que no alcanzaría el quórum necesario para aprobar la iniciativa, teniendo en consideración que diputados como Gabriel Boric y Giorgio Jackson, solicitaron un permiso en su labor parlamentaria para enfocarse en la campaña presidencial del candidato de “Apruebo Dignidad”, lo que evidentemente debilitaría la posición de los partidos de oposición.
Sin lugar a duda, existe una evidente incertidumbre respecto a la concreción de esta cuarta instancia de retiro de fondos de pensiones, posturas tanto de apruebo como de rechazo se contraponen en ambas cámaras del Congreso, lo que se acrecienta con una eventual intervención del Tribunal Constitucional o bien, del ejecutivo a través del veto presidencial. Sólo cabe esperar la resolución de este proyecto, que sin duda, quedará plasmada en el tejido social de nuestro país.
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