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Por Javier Valdivieso, socio de AVC Partners

 

Esta semana, el Gobierno ha presentado su plan “INVIRTAMOS EN CHILE” con el cual busca incentivar a través de 6 puntos centrales, el crecimiento y la inversión en nuestro país para el próximo año. Debemos tener presente, que Chile se ha visto enfrentado a una importante desaceleración económica y a fuertes alzas inflacionarias que han empujado al Ejecutivo a desarrollar políticas que permitan palear la grave situación económica imperante en la nación.

 

Si bien, la batería de medidas que se intenta impulsar, las cuales van de estímulos de índole tributaria, a la promoción de inversión extranjera, así como el aumento de inversión pública, han sido tomadas incorporando elementos de ciertas instituciones y gremios, entre ellos, la Cámara Chilena de la Construcción y la SOFOFA, hay algunos expertos que han expresado que dichas medidas son aún insuficientes para revertir la situación económica el país en un corto plazo. 

 

En este contexto, es que resulta importante referirse a los beneficios de índole tributaria que se busca implementar con el objeto de aumentar la inversión privada, cuyos elementos esenciales se resumen a continuación:

 

A. Beneficio a las Sociedades con Rentas Pasivas. En este punto, recordemos que las sociedades de rentas pasivas son exclusivamente aquellas cuyo objeto refiere a aportar capital y obtener de dicho aporte, una determinada rentabilidad o dividendo, no desarrollando por su naturaleza, actividades comerciales. El beneficio de esta indicación dice relación con que se fijará una nueva tasa impositiva para las rentas de capital pendientes de tributación, acotando la tasa tributable al diferimiento de impuestos personales, toda vez que el impuesto sólo aplicará a las rentas pendientes de tributación y no a la totalidad de utilidades acumuladas en la sociedad. Se hace presente, que la reforma tributaria presentada este año al Congreso establecía una tasa a estas sociedades de inversión de 1,8% sobre las utilidades que acumulen y posterguen sus pagos de impuestos a las rentas del capital. 

B. Fondo Concursable para Proyectos de carácter Verde: Se creará un fondo concursable con un total de US$500 millones que las empresas podrán utilizar en contra de su impuesto de Primera Categoría como crédito tributario. Dicho fondo será asignado y podrá ser usado en su parte adjudicada, respecto de proyectos de inversión que tengan un alto efecto multiplicador y con un diseño sostenible y respetuoso del medio ambiente. El gobierno, además, ha manifestado que el fondo, será concursable a través de un “mecanismo competitivo al que podrá postular cualquier empresa que tenga un proyecto de inversión que pueda materializarse a partir de 2023.”

C. Depreciación semi instantánea durante 2023 para nuestros proyectos de inversión: Este mecanismo, establecerá un plazo extraordinario de depreciación semi-instantánea para el año calendario 2023, similar al beneficio transitorio dispuesto en la Ley N°21.210 de Modernización Tributaria. Mediante lo anterior, los contribuyentes podrán descontar de impuestos de forma acelerada parte del gasto realizado en activo fijo -tales como maquinaria, mobiliario-. En consecuencia, el 50% del monto de las nuevas inversiones en activo fijo durante el año calendario 2023, serán consideradas para efectos tributarios como gasto, mientras que el 50% restante contará con depreciación acelerada.

D. Postergación en el tratamiento de las pérdidas tributarias: La reforma tributaria presentada a este año a tramitación parlamentaria, establece que si bien, las pérdidas tributarias podrán utilizarse de forma permanente, en cada ejercicio sólo podrá deducirse hasta un tope del 50% de la RLI. Esta nueva indicación, posterga este tratamiento tributario, estableciendo que hasta el 2024 podrán imputarse pérdidas por la totalidad de la renta líquida imponible; en 2025, podrán utilizarse pérdidas por hasta el 80% de la RLI; el 2026, por el 65%, y desde 2027 en adelante entrará en vigencia el límite del uso de pérdidas ya citado, el que asciende al 50% de la RLI por cada ejercicio.

E. Rebajar la tasa Ad-Valorem para nuevos proyectos Mineros del Cobre: Los nuevos proyectos de minería del cobre no estarán sujetos al elemento “ad-Valorem” del Royalty por un período de 5 años. Dicho beneficio será extensible tanto a nuevos proyectos como a aquellos de expansión.

F. Reducción en el impuesto de primera categoría para las Pymes por dos años (sistema Pro-Pyme General): Como es de público conocimiento, La Ley de Modernización Tributaria (Ley 21.210) incorporó a contar del 1.01.2020, nuevos regímenes tributarios para los contribuyentes de primera categoría. Uno de ellos, el sistema Pro-Pyme General, tributaba de forma especial y transitoria, con una tasa del 10%, para las rentas que se obtuviesen durante los años comerciales 2020, 2021 y 2022. (25% para los años siguientes). Ahora bien, el beneficio tributario en comento establece para estos contribuyentes, una tasa del 15% para las rentas obtenidas en el año 2023 y una tasa de 20%, para el año 2024. Posteriormente, la tasa será la de 25%.  

G. Eliminar cambios en tributación de contratos de leasing: Cabe hacer presente, que la ley de modernización tributaria modificó el sistema de tributación de estos contratos, imposibilitando que el arrendatario rebajara como gasto las cuotas pagadas o devengadas dentro del ejercicio: por su parte, el arrendador del inmueble no tendría la posibilidad de depreciar aquellos bienes que estén registrados como activo. Con el presente incentivo, el arrendatario estará nuevamente facultado para rebajar como gasto deducible las cuotas pagadas o devengadas dentro del ejercicio, y por su parte, el arrendador tendrá la posibilidad de depreciar aquellos bienes que estén registrados como activo.

 

Debemos considerar que estas medidas centrales del ejecutivo, se espera sean parte de las indicaciones que se presentarán al proyecto de reforma tributaria que fue presentado al parlamento durante julio de este año y en consecuencia, se deberá espera para dimensionar el efecto e implementación de dichas medidas. 

 

Javier Valdivieso
Socio
AVC Partners

Por Javier Valdivieso, Socio AVC Partners.

Como es de público conocimiento, el día 4 de febrero del presente año fue publicada la Ley N°21.420 la cual “Reduce o elimina exenciones tributarias”. Para tal efecto, la norma en comento modifica una serie de cuerpos legales, entre ellos; la Ley de La Renta (LIR).

 

Es en este contexto, que resulta pertinente abocarnos a las modificaciones realizadas al art. 107 de la LIR, norma que regula la tributación a la utilidad obtenida en la enajenación de ciertas acciones con presencia bursátil y a otros instrumentos.

 

Recordemos que previo a la modificación normativa ya señalada, el art.107 de la LIR otorgaba la calificación de ingreso no renta, al mayor valor obtenido en la enajenación (o rescate) de instrumentos de valor, en la medida que se cumplieran ciertos requisitos; beneficio o exención que se arrastraba desde el año 2001 y cuyo objetivo inicial, era incentivar el mercado de capitales chileno.

 

La nueva norma que entra en vigencia el 1° de septiembre de 2022, elimina la calificación de ingreso no renta y establece un impuesto único con tasa de 10% a la utilidad que se obtenga en las enajenaciones de acciones e instrumentos con presencia bursátil -bajo determinados requisitos- que se efectúen a partir de septiembre del 2022, sin importar cuándo se hayan adquirido dichas acciones o instrumentos; eximiendo así del citado impuesto, sólo a la utilidad obtenida de las citadas enajenaciones efectuadas por
“inversionistas institucionales”, entendiéndose por estos; bancos, compañías de seguro, AFP, entre otras.

 

Para tales efectos, se establece los siguientes requisitos:

 

i. Que las acciones o valores hayan sido adquiridas en la bolsa de valores, en oferta pública de        adquisición de acciones, en una colocación de acciones de primera emisión, por canje de valores de oferta pública convertibles en acciones o bien, por rescate, y

 

ii. Que la enajenación sea efectuada en bolsa de valores o en oferta pública de adquisición de acciones

 

Ahora bien, la nueva norma tributaria dispone que para efectos de determinar y calcular el mayor valor tributable (resultado afecto a tasa 10%), 3 opciones:

 

i. El Precio de cierre oficial de los valores (acciones, cuotas) al 31 de diciembre del año en que fueron adquiridos, en orden de antigüedad, sin reajuste alguno;

 

ii. El valor de adquisición determinado con arreglo a normas generales de la LIR; y

 

iii. El Precio de cierre oficial al 31 de diciembre de 2021.

 

Es importante mencionar, que los contribuyentes SIN domicilio o residencia en Chile sólo podrán considerar el costo determinado según normas generales de la LIR, reflejando en la letra b) anterior, siendo, por tanto, sujetos a retención por parte del agente o corredor de bolsa respectivo.

 

Recientemente, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), ha impartido instrucciones con el objetivo de determinar el precio de cierre de las acciones o cuotas enajenadas al 31 de diciembre de 2021, lo que permitirá, determinar con mayor certeza, que opción tomar.

 

Les dejamos el link.

https://www.cmfchile.cl/institucional/legislacion_normativa/normativa_tramite _ver_archivo.php?id=2022080829&seq=2#:~:text=La%20propuesta%20norma tiva%20establece%20las,bolsas%20al%2030%20de%20diciembre .

En las próximas semanas, la OCDE dará a conocer públicamente un estudio comparativo de carga tributaria de Chile y otros países, el cual ha sido un tema de debate recurrente entre los expertos.

 

En el marco de la Reunión del Consejo Ministerial 2022 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el ministro de Hacienda, Mario Marcel, profundizó sobre temas de interés local como la reforma tributaria, además de otros asuntos globales como la transformación verde y los desafíos económicos tras la pandemia.

 

Entre los encuentros, destacó la reunión con el equipo tributario de la OCDE conformado por el director del Centro Tributario y de Administración (CTP) de la OCDE, Pascal Saint-Amans, con el director adjunto Grace Pere-Navarro, y con el jefe de la División de Política Tributaria y Estadísticas, David Bradbury. Marcel estuvo acompañado por el embajador de nuestro país en la OCDE, Francisco Saffie.

 

De acuerdo con un comunicado de su despacho, el objetivo de esta cita fue informar sobre el proceso que está realizando Chile para redactar la reforma tributaria e intercambiar ideas sobre el contenido y los fundamentos de la iniciativa. A partir de aquí, informó la autoridad, surgieron dos acuerdos relacionados con la materia.

 

En primer lugar, se va a conformar una pequeña delegación “para acompañar al Ministerio de Hacienda durante la tramitación de la reforma tributaria, de tal manera de poder ir chequeando con ellos diversos temas que vayan surgiendo en ese proceso”.

 

Y, por otro lado, en las próximas semanas, la OCDE dará a conocer públicamente un estudio comparativo de carga tributaria de Chile y otros países, el cual ha sido un tema de debate recurrente entre los expertos.

 

Pensiones y gobernanza

 

Además de estos encuentros, surgió una reunión bilateral con el equipo de pensiones del organismo multilateral. “Hablamos de varios de los temas que han surgido en la preparación de la reforma, como la administración de inversiones de fondos de capitalización, la incorporación de los trabajadores independientes y las modalidades de pensión en un sistema multipilares”, relató el secretario de Estado.

 

En tanto, con los de gobernanza sustuvo un diálogo  acerca del estudio que desarrolla la OCDE, desde el año pasado, sobre confianza en instituciones. “Lamentablemente, el gobierno del exPresidente (Sebastián) Piñera no quiso participar, pero a nosotros sí nos interesa y estaremos presentes en el próximo ciclo. La confianza interpersonal y confianza en las instituciones tiene extraordinaria relevancia para Chile, porque son cruciales para el desarrollo del país y la convivencia social”, comentó el ministro.

 

Fuente: Diario Financiero

IVA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

 

Con fecha 4 de febrero del año en curso fue publicada la ley N°21.420. Uno de los elementos de mayor relevancia dispuestos en la norma, dice relación con la modificación al Impuesto a las Ventas y Servicios.

La ley hace extensible la aplicación del IVA a la prestación de servicios de forma universal. Es decir, el IVA ya no sólo gravará a ciertos servicios específicos (como a los servicios de prestados por corredores, comisionistas, agentes de aduanas, que no sean personas naturales, entre otros); sino que la norma adopta ahora, un carácter general, entendiendo que todos los servicios (salvo ciertas excepciones) se encuentran gravados con el citado tributo. Esta modificación incluye los servicios profesionales los cuales también estarán gravados con este impuesto.

Lo anterior implicará para la empresa prestadora de servicios, -como lo sería aquella que presta servicios contables o legales-, la obligación de recargar con un 19% el precio de sus servicios. Esto traerá aparejado, a nuestro juicio, dos importantes inconvenientes: primero, respecto a que la empresa prestadora de servicios no soporta en forma sustancial  IVA crédito fiscal para la generación de sus prestaciones de servicios, puesto que éstos generalmente estas subordinados al recurso humano , por  tanto, no sería posible para ellos aplicar el mecanismo “crédito-débito fiscal”  lo que significará un mayor costo y, en segundo lugar, podría generar un déficit en los “flujos” ya que estos contribuyentes, ahora gravados con IVA, deberán enterar en arcas fiscales el IVA y, probablemente, el pago de los servicios no será coetáneo con la emisión de la factura como suele ocurrir en el ámbito comercial.

Una de las excepciones a la norma señalada, se refiere a los servicios prestados a honorarios, quedando, por tanto, comprendidas en ésta las sociedades de profesionales -que sólo prestan servicios de profesionales y que correspondan a sociedades de personas- excluyéndose las sociedades anónimas y sociedades por acciones.

En consecuencia, la prestación de servicios de asesoría, consultoría, gestión, administración, y otros, estarán gravados con IVA a partir del 1 de enero de 2023, salvo que dichos servicios sean prestados por personas naturales, ya sea que se presten de manera independiente, o en virtud de un contrato de trabajo; o que sean prestados por sociedades de personas y sus socios sean profesionales.

Por Jaime Castillo, socio fundador de AVC Partners

 

El Senado el pasado 11 de mayo aprobó proyecto de Ley que pone énfasis en el reporte que deben efectuar las entidades financieras y otros organismos al SII según el nuevo artículo 85 bis del Código Tributario.

 

Dichas entidades deberán reportar anualmente al SII información acerca cuentas corrientes bancarias, depósitos a plazo, depósitos a la vista o vales vista, cuentas a la vista, cuentas de ahorro a plazo, cuentas de ahorro a la vista, cuentas de ahorro a plazo para la vivienda, cuentas de ahorro a plazo con giros diferidos, y cuentas de ahorro a plazo para la Educación Superior reguladas por el Banco Central de Chile conforme al artículo 35, N° 1, de su ley orgánica.

 

Se establece que las entidades financieras deberán informar el saldo o valor, así como la suma de los abonos efectuados a los productos o instrumentos a reportar pertenecientes a los titulares de los activos, únicamente cuando el saldo o suma de abonos efectuados a dichos productos o instrumentos, individualmente considerados o en su conjunto, registren un movimiento diario, semanal o mensual, igual o superior a 1.500 unidades de fomento (49 millones aprox. a la fecha).

 

Esta nueva normativa orientada a la obligación de informar al SII se aplicará respecto de los montos identificados a partir del tercer mes siguiente a la fecha de la publicación de la ley en el Diario Oficial.

 

Es así como en la proximidad la lupa del SII entrará vigor con el claro propósito de verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones tributarias de contribuyentes, sean estos personas naturales o personas jurídicas o patrimonios de afectación, con domicilio o residencia en Chile o que se hayan constituido o establecido en el país.

 

Jaime Castillo M.
Socio tributario
AVC Partners

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