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Análisis Proyecto Reforma Constitucional que crea un impuesto transitorio al patrimonio de las grandes fortunas en Chile
Impuesto a los "Súper Ricos"

La comisión de Constitución de la Cámara de Diputados ha aprobado la idea de legislar acerca de una posible reforma constitucional que tiene por objetivo establecer un impuesto al patrimonio de las grandes fortunas personales.

 

Este impuesto, según sus impulsores, significaría lograr una recaudación que permitiría enfrentar la actual crisis económica y social para financiar una renta básica de emergencia.

 

Se trataría de un impuesto transitorio, que se aplicaría una sola vez y que gravaría el patrimonio de las grandes fortunas personales con una tasa de un 2,5% sobre el patrimonio bruto que se conformaría de bienes y derechos que se mantengan en Chile o en el extranjero. Los contribuyentes objeto de este impuesto serían personas naturales con domicilio en Chile.

 

Para aplicar el impuesto referido el patrimonio bruto deberá que ser igual o superior a 22 millones de dólares.

 

El Servicio de Impuestos Internos mantiene una “Nómina de Personas de Altos Ingresos o Patrimonios” la cual se actualiza anualmente. Esta establece como parámetro el tener ingresos iguales o mayores a US$ 150 mil en alguno de los últimos tres años, un patrimonio personal desde US$ 1 millón en alguno de los últimos tres años y un patrimonio familiar desde US$ 2 millones para el mismo lapso.

 

En este contexto, es importante señalar además que hoy en día existe un exhaustivo intercambio de información entre países que permite tener antecedentes acerca de los altos patrimonios existentes en otras jurisdicciones de OECD.

 

Como herramientas para sondear la información necesaria para determinar la procedencia del impuesto y la cuantía del patrimonio sobre el cual se aplicaría la tasa referida, el SII podrá: revisar mallas societarias; analizar antecedentes acerca de la pérdida de la residencia tributaria; utilizar sistemas automatizados para agrupar la información de un contribuyente; hacer las investigaciones pertinentes para detectar hasta el último nivel de una malla societaria (para determinar participaciones directas e indirectas) e investigar estructuras familiares.

 

Con seguridad este proyecto enfrentará muchos escollos antes de convertirse en ley dado que, por ejemplo, no precisa el hecho gravado -qué se grava con el tributo- y el devengo del mismo, es decir, cuándo nace la obligación tributaria, sin perjuicio de cuándo deba pagarse.


Sumado a lo anterior se identifican una serie de elementos que harán difícil la fiscalización y administración del citado gravamen como, por ejemplo, que el proyecto no determina el órgano competente para aplicar, fiscalizar e interpretar las disposiciones constitucionales de carácter tributario; no se precisa el concepto de patrimonio bruto; no se definen créditos o rebajas de la base imponible si el patrimonio en el extranjero es gravado en el otro país con impuesto de similar naturaleza; no se define el pago: ¿cómo se hará?, ¿se autodeclarará o se determinará por algún organismo?; ¿habrá sanciones por no pago, como reajuste, intereses y multas?; todo lo anterior, tal como lo ha señalado el mismo director del SII, Fernando Barraza.